Cada día son más las personas que se han dado a la tarea de conseguir firmas para pedirle al Instituto Nacional Electoral RETIRE el registro al Partido Verde Ecologista de México, organismo que se enquistó en la vida política de nuestro país y que no ha hecho otra cosa más que demostrar ser un partido ‘rémora’ que vive de los demás y que, por si fuera poco, maneja una doble moral.
A continuación le presentamos un escrito bien fundamentado de las razones por las que deben retirarle el registro a este partido:
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debe ser descalificado del proceso electoral en curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de trampas y actos de corrupción cometidos desde que inició el proceso electoral actual en septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas ilegales en la competencia electoral.
No es la primera vez que este Partido viola la ley. Desde 2009, con el apoyo de servidores públicos emanados de sus filas y empresas privadas como Televisa y Televisión Azteca, ha tenido un comportamiento sistemático que intenta burlar las prohibiciones en materia de propaganda electoral. Dicho sea de paso, no es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con estas compañías.
Es evidente que el PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para tratar de posicionarse ante la ciudadanía. Desde finales de 2014 y de cara al actual proceso electoral ha hecho un gasto millonario con recursos públicos y privados empleados de modo ilegal en propaganda político-electoral. La propia Sala Superior del TEPJF ha señalado que “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”[1]
A más de seis meses de que las y los mexicanos hemos sido inundados con propaganda ilegal del Partido Verde, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en su contra en materia de fiscalización. Sin embargo, es claro que la intensidad y magnitud de esta campaña rebasa con mucho los recursos ordinarios y de campaña a que este partido tiene derecho durante un año electoral.
Estas son las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro:
- Uso de recursos públicos y privados ilegales.
- Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.
- Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
- Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.
- Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
- Propaganda ilegal en tortillerías.
- Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
- Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
- Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
- Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
- Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
- Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
- Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
- Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en los comicios si desde antes del inicio del proceso electoral, el Partido Verde ha atentado de forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?
La tibieza con la que han actuado las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la democracia.
Las autoridades electorales tienen todos los argumentos y hoy todas las facultades[2] para cancelar el registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar, una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido sus efectos.
Esta no es una historia nueva; tanto en las elecciones de 2009, como en las del 2012[3] los magistrados del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares; incluso, cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior lo libraron, al margen de los méritos del caso y argumentando una falta procesal inexistente, de sanciones por cerca de 200 millones de pesos[4].
Queremos mandar un mensaje respetuoso pero muy claro a las autoridades electorales de nuestro país; recordándoles que es su obligación constitucional y su deber el defender los avances democráticos que tanto nos han costado. No restituiremos la confianza en las principales instituciones democráticas con actos de simulación. Las sanciones económicas cobradas en mensualidades y pagadas con recursos públicos que no afectan siquiera los recursos correspondientes a las campañas electorales, constituyen un incentivo a la violación permanente de la Constitución. Solo la campaña en televisión del Partido Verde de 230 mil spots asciende a 400 millones[5] de pesos mientras la sanción se ubica en tan sólo 76 millones. El incentivo es más que claro; más que incorrecto.
Quienes impulsamos esta petición no pretendemos apoyar o perjudicar a uno o varios partidos políticos. Queremos defender el proceso de cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del Estado Mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la impunidad es indispensable.
Permitir que las y los candidatos del PVEM por la vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción, ahondando en la crisis de confianza que vive la república.
Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo.
