‘Cártel verde’
Gustavo Mares
Es tiempo de elecciones y con ello de políticos oportunistas que buscan de cualquier forma un ‘hueso’. A diferencia de otros años, la próxima boleta electoral parece la publicidad de una feria de pueblo con cantantes, actores, deportistas, toreros y hasta luchadores enmascarados.
Así de patética es hoy día la escena política de nuestro país, donde son contados los auténticos políticos con conocimientos y vocación de servicio. Hoy privan los políticos improvisados que son famosos por sus desmanes y sus incoherencias. La lista es larga.
Sin embargo, preocupa que algunos partidos parecieran estar dando un salto más allá de las meras extravagancias en épocas de campaña para pisar terrenos que podrían estar en lo ilegal.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), organismo ‘rémora’ que busca alianzas con otros más grandes para subsistir. Ese mismo partido, que a través de sus esbirros ha atacado una y otra vez de manera sistemática la fiesta brava, pero que durante mucho tiempo proponía la pena de muerte para otro ser humano, está envuelto en una seria controversia, luego de un reportaje que presentó el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez a través de Latinus.
En el trabajo periodístico ‘El Cártel del Despojo’ se da cuenta de cómo el dirigente estatal en Quintana Roo del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Bustamante, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de la madre de Gustavo Miranda -su amigo y compañero de partido- para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.
Latinus, a través de su portal, publicó: ‘Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados. Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los diez millones de pesos. El dirigente estatal en Quintana Roo del PVEM y los otros tres quejosos pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, -que tenía un valor aproximado de 13 millones- sin que la empresaria defendiera su propiedad’.
‘El banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria. Un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio para registrar que estaba grabado, y se dio cuenta que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, que vendieron el condominio. La venta del departamento no se ha concretado, porque el banco se amparó.
‘Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios’.
Apenas a unos días de que salió a la luz el reportaje, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que abrió una carpeta de investigación en la que curiosamente no se incluye a Pablo Bustamante.
Llama la atención que este partido, que mandó ‘al matadero’ a una gran cantidad de animales que trabajaban en el circo, luego de impedir que se presentaran en las funciones, el mismo que sistemáticamente ataca a la fiesta brava, porque sus miembros son incapaces de crear leyes que realmente ayuden al país a salir del bache en el que se encuentra y sólo buscan los reflectores mediáticos, sea más conocido por todos los escándalos en los que muchos de sus dirigentes están envueltos.
Es tan desvergonzada una parte de la clase política mexicana, que partidos como el PVEM pretenden prohibir la entrada a menores edad en diversos cosos taurinos del país, pero hacen caso omiso a todo lo que acontece al interior de su ‘negocio’… perdón, partido.
Para finalizar, la pregunta de la semana: ¿Qué torero le aprendió a otro a cerrarse las puertas con empresas y medios por faltar a su palabra?
