La Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México consideró improcedente el recurso que impedía que el Congreso local discutiera la iniciativa para prohibir las corridas de toros. Gracias a ello, el poder legislativo podrá dictaminar la iniciativa ciudadana cuya fecha límite para ser discutida es este 11 de marzo.
Hace una semana, Alberto Venegas, diputado local de Morena, presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia local, con el fin de impedir el avance de la iniciativa, so pretexto de que ésta no contempló la opinión de los pueblos originarios.
“Lo he dicho siempre y estoy convencido que como representantes populares debemos escuchar a todas las voces, por eso creo que los barrios originarios y comunidades de la Ciudad de México también deben ser tomados en cuenta en este análisis que se lleva a cabo actualmente”, escribió el diputado en su cuenta de X el 3 de marzo de este año.
En el recurso solicitó evaluar el impacto de la prohibición de las corridas de toros sobre los trabajadores taurinos, así como sobre las tradiciones. Jorge Ponce, magistrado de la Sala Constitucional, decidió que el Congreso debía abstenerse de examinar, discutir o votar la iniciativa, hasta que se realice el análisis por parte del Poder Judicial.
Finalmente, la Sala Constitucional se declaró incompetente para atender la solicitud del legislador, por lo que este martes deberán retomar la discusión de la propuesta.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, señaló que dicho escrito nunca tuvo que ser aceptado por la Sala Constitucional, porque no contaba con facultades para ello.
El legislador subrayó que el único objetivo del escrito presentado por su homólogo de Morena fue retrasar la discusión y aprobación de la iniciativa preferente ciudadana para acabar con la crueldad animal que viven los toros en las corridas.
Acusó al magistrado instructor Javier Raúl Ayala Casillas, integrante de la Sala Constitucional, de “ser una vergüenza al prestarse a ser parte de las fuerzas obscuras que siguen promoviendo la práctica de tácticas dilatorias para evitar prohibir las corridas de toros”.
“El magistrado nunca tuvo que haber suspendido el procedimiento legislativo porque no había ningún fundamento y era una clara invasión de facultades de este Poder Legislativo. Esta nueva resolución de la Sala lo deja muy mal parado a él y a toda la sala constitucional porque entonces concedió algo sin fundamento y confirma que solo fue una práctica dilatoria el haber tomado en cuenta el escrito del diputado Vanegas Arenas”, puntualizó.
