¿Un respiro para la fiesta brava?
El reconocimiento de pueblos originarios y su posible impacto en la tauromaquia capitalina
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 16 de diciembre de 2025 se publicó un aviso histórico: la incorporación al Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios de 15 pueblos y 22 barrios, entre ellos nombres como Axotla y Santa Lucía Xantepec en Álvaro Obregón, San Juan Tihuaca y San Miguel Amantla en Azcapotzalco, Los Reyes Hueytilac y San Francisco Culhuacán en Coyoacán, o San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa.
Este acto, que fortalece los derechos colectivos de estas comunidades conforme a la Constitución local y la ley correspondiente, podría tener un efecto colateral inesperado: abrir una ventana para la supervivencia de la tauromaquia en la capital.
La fiesta de los toros en la Ciudad de México ha navegado aguas turbulentas en los últimos años. Reformas legislativas han intentado regular o limitar los espectáculos taurinos, invocando la protección animal, mientras que la Plaza de Toros México —la más grande del mundo— ha alternado entre suspensiones judiciales y reaperturas. En este debate, un argumento recurrente de los defensores de la tauromaquia ha sido su supuesto arraigo en las tradiciones de pueblos y barrios originarios. Representantes como Fabiola Poblano, del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, han insistido en que las corridas forman parte de la «cultura viva» de estas comunidades, adoptada desde la época colonial y vinculada a festividades locales.
Con este nuevo registro oficial, que amplía el reconocimiento jurídico de estos pueblos, los taurinos podrían ganar terreno legal. La Constitución de la Ciudad de México y el Convenio 169 de la OIT obligan a consultar a las comunidades indígenas en decisiones que afecten sus derechos culturales. Si algunos de estos pueblos recién inscritos —o sus representantes— reivindican la tauromaquia como parte de sus usos y costumbres, cualquier intento de prohibición total podría requerir consultas previas vinculantes. Ya hemos visto casos similares: amparos promovidos por pueblos como San Juan Malinaltongo (cuyo territorio incluye la zona de la Plaza México) han llegado hasta la Suprema Corte, alegando violación al derecho de consulta.
No es un vínculo prehispánico —los toros llegaron con los españoles—, pero sí una tradición sincretizada en muchas comunidades rurales y urbanas marginadas de la CDMX, donde las capeas, jaripeos o embolados forman parte de ferias patronales. El registro fortalece su voz institucional, y podría usarse para argumentar que prohibir la fiesta brava vulnera la diversidad cultural protegida por ley.
¿Beneficio real? Posiblemente moderado. No todos estos pueblos tienen un vínculo directo con los toros —en lugares como Santa Anita Zacatlalmanco predominan rituales prehispánicos como la renovación primaveral—, y voces indígenas críticas ven la tauromaquia como imposición colonial.
Sin embargo, para los sectores taurinos, este reconocimiento llega en momento oportuno: podría dilatar o modular regulaciones estrictas, preservando al menos eventos «tradicionales» en territorios originarios o excepcionando la Plaza México.
En una ciudad que debate entre progreso animalista y preservación cultural, este aviso de la Gaceta recuerda que las tradiciones no mueren fácilmente cuando se blindan con derechos colectivos.
La fiesta brava, herida pero no muerta, podría encontrar en estos pueblos un aliado inesperado para seguir dando olés en la Monumental. El ruedo político, al fin, es tan imprevisible como el de los toros.
