Diversas siglas

Gustavo Mares

El Congreso de la Ciudad de México, en su III Legislatura, instaló una nueva Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio, liderada por el diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acompañado por figuras de MORENA, PAN, PT, PRD y otras asociaciones parlamentarias.

Esta composición, aunque diversa en siglas, parece compartir una inclinación preocupante: el rechazo a la tauromaquia, un arte y tradición profundamente arraigados en la identidad mexicana.

Desde esta columna, alzamos la voz en defensa de la fiesta brava, patrimonio cultural que no merece ser sacrificado en el altar de la corrección política.

El PVEM, encabezado por Sesma, ha sido históricamente un abanderado de posturas antitaurinas, argumentando motivos de bienestar animal que, aunque comprensibles en su intención, ignoran el contexto cultural e histórico de la tauromaquia.

Junto a MORENA y otros aliados, esta Mesa Directiva podría impulsar iniciativas que busquen restringir o incluso prohibir esta práctica, desoyendo a miles de ciudadanos que ven en ella no solo un espectáculo, sino una expresión de arte, valentía y tradición.

La tauromaquia no es solo un evento; es un símbolo de la conexión de México con su pasado, una danza entre el hombre y la naturaleza que ha inspirado a poetas, pintores y músicos durante siglos.

Criticar la tauromaquia desde una perspectiva urbana y desconectada de las raíces culturales del país es un ejercicio de miopía.

Mientras los legisladores de esta Mesa Directiva se reúnen en el Congreso, alejados de los ruedos, desconocen el impacto económico y social que la fiesta brava tiene en comunidades enteras.

Desde los ganaderos que crían toros de lidia con un cuidado que rivaliza con cualquier estándar de bienestar animal, hasta los artesanos, músicos y trabajadores que dependen de las corridas, la tauromaquia genera empleo y sustento para miles de familias. Prohibirla no solo sería un golpe a la libertad cultural, sino también a la economía de sectores vulnerables.

Además, el argumento de la crueldad animal, tan recurrente entre los detractores, merece un análisis más profundo. Los toros de lidia son criados específicamente para este fin, en condiciones de libertad y respeto que contrastan con las prácticas de la ganadería industrial, que muchos de estos legisladores no cuestionan con el mismo fervor.

El toro, en el ruedo, enfrenta su destino con una dignidad que no encuentra equivalente en los mataderos industriales, en los que millones de animales son sacrificados sin el menor reconocimiento.

La tauromaquia, al menos, eleva al toro a un plano de respeto y protagonismo, no de mera mercancía.

No se trata de romantizar, sino de reconocer que la tauromaquia es parte de un mosaico cultural que no puede ser borrado por decreto.

La Mesa Directiva, con su composición dominada por partidos que han mostrado tibieza o franca oposición a esta tradición, tiene la responsabilidad de escuchar a todos los sectores antes de legislar.

Imponer una prohibición sería un acto de arrogancia cultural, una muestra de desprecio hacia quienes, desde la pasión y el respeto, defienden la fiesta brava como un derecho a preservar su identidad.

Toca el turno a los ciudadanos a no permitir que esta tradición sea silenciada por agendas políticas que, bajo el disfraz del progreso, buscan homogeneizar nuestra rica diversidad cultural.

La tauromaquia no es un anacronismo, es un legado vivo que merece respeto y un lugar en el México del siglo XXI.

Legislar contra la tauromaquia no es proteger animales, es despojar a un pueblo de su historia.