SOBRE la iniciativa de PROHIBIR a menores convertirse en toreros…

 

POR: Aquiles Esquivel Madrazo

La adición de un párrafo segundo al Artículo 46 de la norma, así como una fracción VIII al artículo 47, donde queda también prohibida la entrada a menores de 18 años a la celebración de corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos es inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales

So pretexto de protección se prevé prohibir en México que niños participen en la llamada fiesta brava como toreros o en cualquier otra actividad del toreo que ponga en riesgo su integridad física propone establece una adición de un párrafo segundo al Artículo 46 de la norma, así como una fracción VIII al artículo 47 de a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde queda también prohibida la entrada a menores de 18 años a la celebración de corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que menores de edad lidien novillos o toros, ello es inconstitucional porque, los partidos políticos no representan a todos los mexicanos ni dan cabida a coexistir en lo conducente con el contenido de los artículos 1,2,3,4, 5 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los niños también tienen derecho al desarrollo de su personalidad, a tener una identidad cultural y al respeto a las manifestaciones culturales, toda vez que la prohibición de un espectáculo público como las corridas de toros que a la vez es una manifestación cultural que se ha llevado a los pueblos mestizos y a las comunidades indígenas así como a los centros urbanos, en tanto el pueblo cuya composición pluricultural debe tutelarse y la proscripción de las corridas de toros constituye una manera inaceptable de que se imponga los contenidos a las manifestaciones culturales o al arte nacional, a petición de un sector de la población o de una postura política lo que atenta también contra la libertad de expresión, de asociación y la libertad cultural de un sector de los mexicanos sin tomar en cuenta su calidad, y ni las raíces culturales y la idiosincrasia del pueblo, las que pueden ser fomentadas, pero no impuestas o coartadas, por la autoridad. Una imposición de la autoridad al respecto, a más de violar el derecho constitucional, vendría más bien a propiciar la mediocridad y la adulteración de los valores nacionales, a limitar el espíritu creativo y a reducir las capacidades de los mexicanos de estar al tanto y al nivel de las corrientes artísticas extranjeras so pretexto de adoptar una filosofía animalista por encima de los derechos humanos reconocidos en la constitución a los Mexicanos, de otro modo el derecho permitiría el surgimiento de campañas discriminatorias, racistas o de carácter xenófobo, contrarias a la igualdad, que es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico que nuestra Constitución proclama en sus artículos 1,2,3,4, 5 y 133 y que el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresamente proscribe (‘‘toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley’’.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

  1. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
  2. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
  3. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
  4. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

  1. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

….

Artículo 4o. …

(Párrafo Décimo Segundo)

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Artículo 3º establece:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.”

Más aún dentro del texto oficial en español del cuarto informe periódico que presento México como uno los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES el 25 de febrero de 2005 ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas.

De conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDES o el Pacto), y en cumplimiento de sus obligaciones, México presento su cuarto informe periódico sobre la aplicación de este tratado.

En la Pagina 11 de dicho Documento se lee como nuestro País adopta el citado tratado con las siguientes limitantes:

  1. Artículo 4
  2. Los Estados Partes del Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto, Éste podrá· someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
  3. Artículo 5
  4. Ninguna disposición del presente Pacto podrá· ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en Él.
  5. No podrá· admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un paÌs en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Partiendo de cómo debe interpretarse los Tratados Internacionales en relación a los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actual texto de los artículos 1 y 133 de nuestra Carta Magna, en relación a la tesis 293/2011 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que arriba a establecer una Supremacía Constitucional en cuanto a las restricciones expresas que existen en el Texto constitucional en favor de preservar los derechos Fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y el contenido de las adiciones a los artículos cuatro y cinco realizadas en el cuarto informe a que presento México como uno los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES el 25 de febrero de 2005 ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas me permito exponer que:

No es constitucional ni legal, ni obligatorio para nuestro país como Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES atender un punto de acuerdo en el que se ordene prohibir o restringir el acceso de los menores de dieciocho años a las corridas de toros o restringir su derecho para acudir o ingresar a una escuela taurina para aprender el oficio de matador de toros y novillos, porque ello es contrario al artículo 1º de Nuestra Constitución establece que todas las personas gozaran de los derechos Fundamentales que establece la propia Constitución, porque ello está en contra de la interpretación conforme y prohomine de nuestro derecho, porque el artículo 2º protege la composición Pluricultural de nuestra sociedad así como el derecho de todos a preservar, enriquecer “todos” los elementos que constituyan su cultura e identidad, así mismo el artículo 3º fracción V del citado Ordenamiento obliga al Estado a alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

ARTICULO 4. EL VARÓN Y LA MUJER SON IGUALES ANTE LA LEY. ESTA PROTEGERÁ LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA FAMILIA.

LOS ASCENDIENTES, TUTORES Y CUSTODIOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESERVAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS DERECHOS Y PRINCIPIOS.

EL ESTADO OTORGARA FACILIDADES A LOS PARTICULARES PARA QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. (ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE ABRIL DE 2000. FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2000)

TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CULTURALES. EL ESTADO PROMOVERÁ LOS MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CON PLENO RESPETO A LA LIBERTAD CREATIVA. LA LEY ESTABLECERÁ LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN A CUALQUIER MANIFESTACIÓN CULTURAL. TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA CULTURA FÍSICA Y A LA PRACTICA DEL DEPORTE. CORRESPONDE AL ESTADO SU PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTIMULO CONFORME A LAS LEYES EN LA MATERIA.

En tanto el artículo 5 de nuestra Constitución establece en su primer párrafo:

ARTICULO 5. A NINGUNA PERSONA PODRÁ IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA PROFESIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, SIENDO LÍCITOS. EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD SOLO PODRÁ VEDARSE POR DETERMINACIÓN JUDICIAL, CUANDO SE ATAQUEN LOS DERECHOS DE TERCERO, O POR RESOLUCIÓN GUBERNATIVA, DICTADA EN LOS TÉRMINOS QUE MARQUE LA LEY, CUANDO SE OFENDAN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. NADIE PUEDE SER PRIVADO DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO, SINO POR RESOLUCIÓN JUDICIAL.

LA LEY DETERMINARA EN CADA ESTADO CUALES SON LAS PROFESIONES QUE NECESITAN TITULO PARA SU EJERCICIO, LAS CONDICIONES QUE

DEBAN LLENARSE PARA OBTENERLO Y LAS AUTORIDADES QUE HAN DE EXPEDIRLO.

De lo contrario se le estaría reconociendo a un “senador” o a un grupo o individuo un derecho que no tiene para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en Él, para restricción y menoscabo de los derechos humanos fundamentales reconocidos y vigentes en nuestro país en virtud de convenciones, puntos de acuerdo pretextando de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado en contra de lo dispuesto por los artículos 1,2,3,4,5,133 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto a la adición realizada a los artículos 4 y 5 realizada dentro del texto oficial en español del cuarto informe que presento México como uno los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES el 25 de febrero de 2005 ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas cuando solo los tutores, ascendientes o custodios de un menor pueden restringir el derecho de un menor para acceder a un espectáculo público que transmita valores o tradiciones culturales, porque el Estado debe proteger la composición Pluricultural de nuestra sociedad así como el derecho de todos a preservar, enriquecer “todos” los elementos que constituyan su cultura e identidad y los tutores, ascendientes o custodios de un menor tienen el derecho de exigir, preservar el cumplimiento de estos derechos y principios culturales.

Por otra parte afirmó que la adición de un párrafo segundo al Artículo 46 de la norma, así como una fracción VIII al artículo 47 de a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir en México que niños participen en la llamada fiesta brava como toreros o en cualquier otra actividad del toreo que ponga en riesgo su integridad física porque ello implica restringir el derecho de un menor para acceder al ejercicio de derechos humanos como el libre desarrollo de la personalidad, ya sea al aprendizaje de una profesión o espectáculo público que transmite valores o tradiciones culturales, porque el Estado debe proteger la composición Pluricultural de nuestra sociedad así como el derecho de todos a preservar, enriquecer “todos” los elementos que constituyan su cultura e identidad y solo los tutores, ascendientes o custodios de un menor tienen el derecho de decidir si permiten o no que niños participen en la llamada fiesta brava como toreros o en cualquier otra actividad del toreo que ponga en riesgo su integridad física porque ello implica restringir el derecho de un menor para acceder a tal o cual espectáculo público o dedicarse a tal o cual profesión o actividad incluyendo la de matador de toros o novillos esa es una libertad que dentro de un régimen democrático, los Presidentes, gobernadores ,senadores, diputados y jueces tienen como tarea central articular un conjunto de razones y argumentos que hagan explícitos y tangibles en la vida de los ciudadanos los valores y principios de una democracia constitucional. En el caso concreto, lo que se afirma es que no puede existir el ejercicio efectivo de nuestras libertades, si ni los niños ni los adolescentes pueden decidir o donde ni los padres o los tutores puedan decidir por sus hijos o menores este es un país donde los mas altos tribunales se han pronunciado en favor del justo alcance de la libertad personal y ninguna ley reglamentaria puede acotar suprimir o limitar el derecho de los padres o tutores de compartir e inculcar las manifestaciones culturales que consideren propias ni a impedir el libre desarrollo de la personalidad o de las libertades que se consagran para todos los mexicanos de dedicarse a cualquier actividad económica licita en términos de los artículos 1,5 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues ninguna ley o adición de esta puede estar por encima de los derechos fundamentales de “todos” los mexicanos incluidos los niños. Al respecto corresponde al senado preservar el cumplimiento de estos derechos y principios culturales en cumplimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Baena Ricardo y otros”, de fecha 2 de febrero de 2001; “Las Palmeras”, del seis de diciembre de 2001; “Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos” del seis de agosto de 2008; y “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, del 23 de Noviembre de 2009, donde se establece que de conformidad con el derecho humano reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con todas las etapas de los respectivos procesos, se pueden hacer valer planteamientos, recibir información, aportar pruebas, formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus intereses.

Los referidos numerales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 Pacto de San José, son al tenor literal siguiente:

Artículo 8. Garantías Judiciales

  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a sus jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social.

Debe tenerse presente de conformidad con lo preceptuado por el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ninguna de sus disposiciones puede interpretarse en el sentido de permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, “suprimir el goce o el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad, eliminar otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, ni excluir o limitar el efecto que puedan producir la citada Convención y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

* Cuarto informe periódico de México de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/4/Add.16). 25 de febrero de 2005.